Se trata de una maniobra millonaria en dólares en perjuicio del Fondo Nacional de Salud (Fonasa) y que se venía realizando desde hace al menos seis años.
La organización de estafadores operaba reclutando a personas de asentamientos a quienes les pagaban entre $ 500 y $ 1.500 para hacerlos pasar por empleados de empresas fantasmas y de esta forma afiliarlos a una mutualista a través del Fonasa.
El centro de salud le pagaba al promotor por cada afiliado $ 1.800.
Según supo Subrayado, uno solo de los involucrados recibió en un solo mes US$ 60.000 por afiliaciones fraudulentas.
De esta forma, el Fonasa pagó millones de dolares por usuarios que no realizaban aportes al BPS. La plata salía, pero no entraba.
El Fonasa, organismo regulado por la Junasa (Junta Nacional de la Salud) que depende del MSP, le paga al prestador del servicio de salud por cada usuario un dinero mensual que depende del sexo y la edad del afiliado.
Por ejemplo, por cada hombre mayor de 74 años el fondo aporta casi $ 5.000 mensuales y por cada mujer poco más de $ 4.000. El aporte mayor se hace por los menores de un año: poco más de $ 6.000 en caso de ser este de sexo masculino.
Uno de los promotores afilió en un solo mes a 1.000 usuarios que le generaron al Fonasa una pérdida de $ 4.000.000, pero la policía trabaja en más de 31.000 afiliaciones fraudulentas desde 2011; año desde el cual el Fonasa tiene un déficil de US$ 400 millones. A su vez, muchos de los afiliados falsos cobraban subsidios por desempleo.
La maniobra fue descubierta por policías de operaciones encubiertas de la Dirección de Información Táctica de la Jefatura de Montevideo.
El mismo equipo responsable de la investigación de la megaestafa a financieras por la cual 71 personas resultaron procesadas.
El cabecilla de la organización era un joven de 23 años con tres antecedentes por estafa. No necesariamente este delincuente estaba desde el comienzo de la maniobra, hace seis años.
En total, la jueza penal de 16º Turno, Julia Staricco, procesó a tres de los involucrados por un delito de estafa continuada especialmente agravada. Mónica Ferrero fue la fiscal del caso, que se denominó “Operación Estratega” y que prevén tenga nuevas derivaciones.
La jueza Staricco le tomó declaración al presidente de la Junasa, Arturo Echevarría, a funcionarios de al menos siete mutualistas y pidió la nómina de empleados del BPS para ordenar nuevas citaciones.
El jefe de Policía de Montevideo, Ricardo Pérez, dijo que este es solo el inicio de esta operación. En conversación con Subrayado explicó cuál era el rol de los tres procesados en esta estafa millonaria en dólares.
El secretario Antilavado, Carlos Díaz, fallecido días atrás, estaba aportando datos claves para esta investigación.
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